El gobierno de México ha lanzado un ambicioso plan para mejorar el acceso a la vivienda asequible, centrado en la colaboración con el Infonavit. La propuesta incluye que esta institución no solo otorgue créditos, sino que participe directamente en la construcción de viviendas. No obstante, esta medida ha generado controversia, ya que algunos expertos y actores del sector inmobiliario han expresado su desacuerdo con la idea de que el Infonavit se convierta en una entidad constructora.
Las críticas: distorsión del mercado
Diversos analistas señalan que la participación directa del Infonavit en la construcción podría distorsionar el mercado inmobiliario, afectando a desarrolladores privados. Argumentan que el papel tradicional del Infonavit ha sido la otorgación de créditos, permitiendo que las constructoras privadas se encarguen de las obras. Cambiar este esquema, según los críticos, implicaría una competencia desleal, ya que el Infonavit tendría ventajas al contar con recursos públicos.
Además, los detractores advierten que este modelo puede afectar la eficiencia del mercado, citando ejemplos de otros países donde las iniciativas estatales en la construcción han generado sobrecostos o proyectos de baja calidad. En lugar de involucrarse directamente en la construcción, proponen que el gobierno aumente las facilidades de financiamiento y reduzca los trámites burocráticos, incentivando a los desarrolladores privados a construir más viviendas.
El enfoque del gobierno: más equidad
Por su parte, el gobierno defiende la medida argumentando que es necesaria para corregir las fallas del mercado y asegurar el acceso a la vivienda para las familias de bajos ingresos. Considera que el mercado privado, por sí solo, no ha sido capaz de cubrir la demanda social de vivienda digna y asequible. Además, se asegura que la participación del Infonavit en la construcción se centrará en sectores vulnerables, donde la oferta de desarrolladores privados es insuficiente o inexistente.
Aclaraciones: el rol del Infonavit y bienes públicos mixtos
La vivienda, en el contexto de México, es un bien preferente que requiere intervención estatal para asegurar su acceso a todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica. Este concepto se deriva de la teoría de los bienes públicos mixtos, donde la provisión de ciertos bienes por parte del sector privado puede resultar insuficiente o ineficiente para cubrir las necesidades sociales. En el caso de la vivienda popular, las fallas del mercado han generado condiciones de exclusión, especialmente en sectores de bajos ingresos, lo que justifica un papel más activo del Estado a través de instituciones como el Infonavit.
La vivienda, en el contexto de México, es un bien preferente que requiere intervención estatal para asegurar su acceso a todos los ciudadanos, independientemente de su capacidad económica. Este concepto se deriva de la teoría de los bienes públicos mixtos, donde la provisión de ciertos bienes por parte del sector privado puede resultar insuficiente o ineficiente para cubrir las necesidades sociales. En el caso de la vivienda popular, las fallas del mercado han generado condiciones de exclusión, especialmente en sectores de bajos ingresos, lo que justifica un papel más activo del Estado a través de instituciones como el Infonavit.
Fallas del mercado y exclusión
El mercado inmobiliario en México ha mostrado una tendencia a centrarse en la construcción de vivienda para sectores de clase media y alta, dejando a las clases populares con pocas opciones. Este fenómeno ha sido provocado por una especulación de suelo y una concentración de desarrolladores que priorizan proyectos más rentables, generando un encarecimiento del suelo urbano y, por ende, de la vivienda terminada. Además, la falta de regulación efectiva y el auge de desarrollos en áreas mal planificadas ha exacerbado la creación de “cinturones de pobreza”, donde las viviendas de interés social están alejadas de los centros urbanos y carecen de acceso adecuado a servicios básicos.
El Infonavit, creado en 1972, tenía como misión principal facilitar el acceso a la vivienda digna para los trabajadores formales mediante el otorgamiento de créditos hipotecarios. Sin embargo, su función original no contemplaba directamente la construcción de viviendas, dejando ese rol en manos de desarrolladores privados. Este modelo funcionaba bajo la premisa de que el sector privado podría cubrir la demanda de vivienda para las clases populares a través de proyectos financiados por créditos Infonavit.
El rol de la industria de la construcción y los problemas estructurales
A lo largo de los años, este esquema ha mostrado limitaciones. La industria de la construcción ha contribuido al encarecimiento de la vivienda, ya que el costo de producción, los insumos y la especulación del suelo han elevado los precios de la vivienda terminada, lo que, en lugar de aumentar la oferta de viviendas accesibles, ha reducido las oportunidades de las familias de bajos ingresos para adquirir una casa. Esto ha creado una paradoja: no es la falta de oferta lo que excluye a las personas de acceder a una vivienda digna, sino la falta de oportunidades asequibles, dado que la vivienda terminada no se ajusta a sus niveles de ingreso.
El Infonavit ha intentado mitigar este problema ampliando el acceso al crédito, pero la realidad es que, sin un cambio en las condiciones del mercado y los costos de construcción, el crédito por sí solo no es suficiente. Las viviendas financiadas por Infonavit suelen estar ubicadas en áreas periféricas y mal conectadas, lo que genera problemas adicionales de segregación urbana y desigualdad territorial.
💡 Revisión de políticas públicas y la intervención estatal
En este contexto, la intervención del Estado en la construcción de viviendas podría ser una medida necesaria para corregir las fallas del mercado. Sin embargo, también debe considerarse que la construcción directa de viviendas por parte del Infonavit debe ir acompañada de una planificación urbana integral, que garantice que las viviendas estén conectadas con centros de trabajo, servicios básicos y oportunidades de desarrollo social. De lo contrario, existe el riesgo de reproducir los problemas de segregación y exclusión que han caracterizado a los desarrollos de interés social en el pasado.
Es aquí donde las políticas públicas deben enfocarse no solo en aumentar la oferta, sino en garantizar que la oferta sea socialmente justa y económicamente viable para las clases más vulnerables. Las experiencias de otros países demuestran que el sector público puede jugar un rol crucial en la redistribución de la riqueza y la reducción de la desigualdad a través de la provisión de bienes como la vivienda. Esto requiere, sin embargo, de una estrategia coordinada que integre financiamiento, construcción, regulación del suelo y servicios urbanos.
Ejemplos: Housing and Development Board, Viena, Alemania.
🔑 Conclusión
El debate sobre el rol del Infonavit en la construcción de viviendas refleja un problema más amplio relacionado con el acceso a los bienes públicos en México. Si bien el mercado privado ha jugado un papel importante en la oferta de vivienda, su capacidad para cubrir las necesidades de los sectores más vulnerables ha sido limitada. El Estado, a través de instituciones como el Infonavit, tiene la oportunidad de corregir estas desigualdades mediante políticas que promuevan una oferta de vivienda que sea no solo accesible, sino también sostenible y equitativa.
Etiquetas
ViviendaAsequible, Infonavit, PolíticasPúblicas, RedistribuciónDeRiqueza, SectorPúblico, ConstrucciónDeViviendas, EquidadSocial
Fuentes:
Imagen: La política pública de vivienda, entre el financiamiento y la capacidad de ejecución en la construcción.
Corona, J., & Díaz, A. (2004). Introducción a la hacienda pública. Editorial Ariel.
